Las víctimas mortales ocasionadas por la Guerra Civil, por un lado, y el franquismo, por otro, son la cara más dramática de la represión, pero no la única ni la más numerosa. La cárcel franquista –más allá de recluir y, por lo tanto, eliminar temporalmente potenciales enemigos- tenía como objetivo destruir la identidad del preso, como dijo el General Mola: “Hay que sembrar el terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”. A pesar de ello, las políticas represivas del Régimen no se circunscribieron exclusivamente a muerte y reclusión y los efectos del sistema carcelario no quedaron reducidos a los muros del presidio, las familias de los represaliados fueron, quizás, las víctimas olvidadas de la etapa negra, o azul, de nuestro siglo XX.
La Europa de postguerra no fue distinta. El Holocausto sólo era una de las muchas cosas que la gente quería olvidar. Entre sus cesiones a la administración fascista y a las fuerzas ocupantes, su colaboración con los organismos y gobernantes de la época bélica, y sus íntimas humillaciones, penalidades materiales y tragedias personales, millones de europeos tenían sus propias buenas razones para alejarse del pasado reciente o para recordar modificando el recuerdo. Lo que el historiador francés Henry Rousso denominaría posteriormente “síndrome de Vichy” –la dificultad de reconocer, durante décadas, lo que había ocurrido realmente durante la guerra y el deseo arrollador de bloquear la memoria o de convertirla en algo útil que no corroyera los frágiles vínculos de la sociedad de postguerra- no fue algo en absoluto exclusivo de Francia. Todos los países de Europa con algún conflicto sangriento desarrollaron su propio “síndrome de Vichy”. España no ha sido menos. La diferencia entre España y el resto de países europeos radica en que en nuestro país el final del hecho traumático no se produce con la finalización de la Guerra Civil (1 de abril de 1939), sino con la muerte del dictador, es decir, el 20 de noviembre de 1975, por lo tanto, se cumpliría esta “ley general de la memoria” que explicaba Rousso, según la cual la percepción del pasado, especialmente del traumático, se modifica cada veinte o veinticinco años.
Después de esta explicación teórica de la memoria y de la ejemplificación de la misma que en España se produce, podemos decir que la reconstrucción de la memoria, que no recuperación, no es cuestión de partidos, ni de ideología, ni de que el PSOE quisiera reabrir heridas, que muchos quisieran cerradas, la sociedad se regenera y el debate sobre la memoria histórica surgió, sobre todo, con el comienzo del nuevo milenio, cuando los nietos de la guerra asimilaron que el miedo había desaparecido y que, por fin,
se empezaba a entender que el mejor modo de salir de un periodo de violencia política intensa y garantizar una coexistencia relativamente armoniosa en un marco democrático es, por un lado, establecer la verdad sobre el pasado conflictivo y, por otro, otorgar reparaciones materiales y simbólicas que se traduzcan en un reconocimiento de las víctimas de esa violencia.
El papel que la Transición desempeñó en la recuperación y discusión del pasado de guerra y dictadura no significa que no quedara nada por hacer, ni que todo lo que se hiciera entonces constituya un logro absoluto. El consenso sobre el pasado era de carácter general y estaba estrictamente circunscrito a una lectura de la Guerra Civil en clave de tragedia colectiva que nunca más debía repetirse y en la que ambas partes habían cometido crímenes atroces. La inmensa mayoría de los españoles suscribía la moderación y la prudencia como forma óptima de transitar hacia el nuevo régimen democrático. Será con la llegada de los 90 cuando aumenten las propuestas en el Congreso de los Diputados, sobre todo, a partir de la llegada del PP al poder en 1996. Aunque resulte evidente que todos los partidos demócratas condenen una dictadura como la que ha sufrido España, no ha sido así siempre. En 1999 saldrá adelante una propuesta que no tuvo el consenso de la Cámara Baja, el PP se abstuvo en la votación, pero aún así se ratificó el siguiente enunciado: “se condena y deplora el levantamiento militar contra la legalidad constituida, encarnada en las instituciones políticas que representaron en la II República”. Mas, no será hasta la llegada de nuevo al Gobierno de España del PSOE y, principalmente, con la elaboración de la ley 52/2007, de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, cuando por fin se generalice la necesidad de esta ley en la opinión pública.
Por todo el sufrimiento que aún pervive, desgraciadamente, en nuestra sociedad, desde JST pedimos la unión de todos en este camino para la reconstrucción de la memoria de nuestro país, ahora que parece vuelve a retroceder. Al revisar la memoria histórica de la guerra y del franquismo para incluir en ella a sus víctimas olvidadas, ayudan a superar el cisma que durante la dictadura separó las memorias individuales de la memoria oficial.
Una sociedad sin memoria, es una sociedad sin futuro.
No hay comentarios:
Publicar un comentario